Japón acaba de dar un paso que llevaba dos años preparando: extraer, por primera vez con éxito, sedimento rico en tierras raras desde una fosa situada a unos 6.000 metros de profundidad. El hito se logró cerca de la isla de Minami Torishima y no es un detalle técnico más: llega en un momento de tensión regional y de dependencia industrial global, con China dominando tanto la minería como, sobre todo, el refinado de estos materiales.

La operación siguió un calendario prácticamente inamovible. El barco de prospección Chikyu debía zarpar en enero de 2026 para recoger muestras y comprobar la composición real del depósito detectado en 2024. Los resultados han sido lo bastante prometedores como para que se hable ya de un “logro significativo” para la seguridad económica japonesa y para su desarrollo marítimo, según un portavoz gubernamental.

La extracción se realizó con un vehículo autónomo desplegado a gran profundidad. Allí, un excavador no tripulado hizo circular el lodo desde el fondo marino hasta el barco a través de una tubería, en un método comparable al que se usa en la prospección de petróleo y gas. La cifra que está sobre la mesa es enorme: se cree que el yacimiento podría superar los 16.000.000 de toneladas de material valioso.

No todas las tierras raras son iguales, y ahí está parte de la relevancia. En Minami Torishima destaca la concentración de disprosio y terbio, dos elementos especialmente escasos y codiciados por su uso en imanes de motores —clave para vehículos— y en tecnologías de defensa. También aparece itrio, empleado en aplicaciones como láseres o superconductores. En un contexto donde las restricciones comerciales se han convertido en herramienta política, estas composiciones importan tanto como el volumen.

El trasfondo geopolítico pesa. China ha usado las tierras raras como palanca en disputas tecnológicas y comerciales, y el Pacífico vive un clima de fricción constante: reclamaciones territoriales, construcción de islas artificiales y un Japón alineado con Estados Unidos en una región cada vez más militarizada. El 6 de enero, China prohibió la exportación a Japón de artículos de doble uso —aquellos que pueden mejorar capacidades militares—, y aunque el comunicado no detalló qué productos quedaban afectados, medios chinos apuntaron a que las tierras raras pesadas estaban en la ecuación.

Por eso, para Japón, reducir la dependencia no es un capricho industrial: es una necesidad estratégica. Medios como Nikkei ya han calificado el depósito como la tercera mayor reserva de tierras raras del mundo. Las estimaciones son llamativas: más de 730 años de consumo japonés de disprosio y más de 420 años de consumo local de terbio.

Aun así, el hallazgo no significa que el problema esté resuelto. Ahora toca confirmar estimaciones y, sobre todo, convertir una extracción puntual en una cadena industrial viable. El plan es que los investigadores trabajen durante 2026 y que en 2027 comiencen pruebas de extracción a gran escala, con un objetivo de 350 toneladas de lodo al día.

Después vendrá la logística: transportar el material a Minami Torishima para una primera limpieza que separe lo valioso del barro, y luego enviarlo al continente para el refinado. El gobierno japonés espera publicar un informe de viabilidad económica en marzo de 2028.

También hay “banderas rojas” difíciles de ignorar. Se estima que cada tonelada de lodo produce apenas dos kilos de óxidos de tierras raras, lo que obliga a mover y procesar volúmenes gigantescos. A eso se suma que el refinado es contaminante y genera residuos, y que la minería en aguas profundas preocupa por el posible daño irreversible a ecosistemas poco conocidos. Los grupos ecologistas advierten, además, de nubes de partículas que podrían afectar la cadena alimentaria marina.

Mientras algunos medios chinos sostienen que Japón está perdiendo tiempo y dinero en esta búsqueda, Tokio parece decidido a seguir el plan. El mensaje es claro: Japón ha encontrado una pista sólida en el fondo del océano, pero la verdadera prueba será demostrar que puede extraer, refinar y hacerlo sin pagar un precio ambiental inasumible.