Cataluña llevaba tiempo preparando un salto tecnológico de los que marcan época en una administración: reforzar y ampliar su red troncal de fibra óptica para conectar miles de sedes públicas bajo una infraestructura propia. El plan tenía nombre y ambición: XCAT, un proyecto pensado para interconectar infraestructuras estratégicas del territorio —hospitales, centros educativos, centros de datos públicos y dependencias institucionales— con una red gestionada desde la propia Generalitat.

La hoja de ruta incluía una cifra muy concreta: 127 millones de euros de presupuesto para enlazar más de 5.400 sedes institucionales. El objetivo era claro y políticamente sensible: depender menos de los grandes operadores nacionales (Telefónica, Vodafone o MásOrange) y dar el mayor salto en décadas en capacidad y control de red. En la práctica, se buscaba una “columna vertebral” digital más robusta y con mayor autonomía operativa.

La adjudicación, sin embargo, ha quedado en el aire. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha estimado parcialmente el recurso presentado por Telefónica y Cellnex contra la adjudicación del contrato a Sirt Connecta y Huawei. La consecuencia inmediata es la suspensión del proceso tal y como estaba planteado, en un momento en el que el componente tecnológico del proyecto —el hardware de red— se ha convertido en el punto más delicado.

Telefónica y Cellnex cuestionaron la valoración técnica que favoreció la propuesta de Sirt-Huawei y expresaron dudas sobre la solvencia técnica y la capacidad real de Sirt para ejecutar un contrato de este tamaño. Aunque su propuesta era más económica, no fue la mejor puntuada por el CTTI, el organismo que actúa como pulmón informático de los servicios digitales en Cataluña. El tribunal, al aceptar parcialmente el recurso, ha forzado a la Generalitat a recalcular.

Pero el giro no se explica solo por una disputa de puntuaciones. Hay un factor europeo que lo cambia todo: la propuesta de nueva ley de ciberseguridad de la Comisión Europea, presentada el 20 de enero, endurece el marco hasta el punto de dificultar —y en la práctica bloquear— el uso de tecnología china en infraestructuras de red fija. Aunque la norma no entraría en vigor hasta al menos un año, el mensaje es inequívoco: Cataluña no puede basar XCAT en equipos de Huawei sin asumir un coste y un riesgo enormes.

De hecho, incluso si se recurriera la decisión del tribunal y se implantara la solución de Sirt-Huawei, el escenario descrito es poco sostenible: en un plazo aproximado de un año a año y medio habría que reemplazar los equipos de Huawei por alternativas occidentales. Sería un despliegue con fecha de caducidad, caro y difícil de justificar en un proyecto que pretende ser la “madre” de las redes públicas catalanas.

Este caso también encaja en una tendencia más amplia: en los últimos años, los grandes operadores españoles han ido expulsando a Huawei de sus núcleos de red. Telefónica trabaja ahora con Nokia y Ericsson; Orange con Ericsson; y Vodafone con Nokia. El siguiente capítulo, el que deja entrever el conflicto alrededor de XCAT, apunta a que los operadores locales y proyectos públicos también tendrán que desterrar hardware chino para alinearse con las próximas exigencias europeas.

Para la Generalitat, el reto inmediato es doble: mantener la ambición de una red pública propia y, al mismo tiempo, rediseñar la arquitectura tecnológica para que sea compatible con el rumbo regulatorio de la UE. XCAT sigue siendo un proyecto estratégico, pero su futuro pasa por una decisión que ya no es solo técnica: elegir proveedores y equipos que no se conviertan, en poco tiempo, en un problema legal y operativo.