En distintas ciudades de Estados Unidos, está ocurriendo algo poco común: personas están desmantelando y destruyendo cámaras de vigilancia de Flock, una red de lectores de matrículas que se ha expandido con rapidez por el país. El fenómeno, documentado por Brian Merchant en su boletín Blood in the Machine, refleja un malestar público creciente ante la idea de que estas herramientas terminen facilitando operativos migratorios y deportaciones.

Flock es una startup de vigilancia con sede en Atlanta que, según la información citada, fue valorada en 7.500 millones de dólares hace un año. Su producto más visible son los lectores de matrículas: cámaras instaladas en miles de puntos que fotografían placas y permiten a las autoridades reconstruir por dónde pasó un vehículo y en qué momento. En términos prácticos, es una forma de seguimiento a gran escala basada en datos, y por eso el debate ya no se limita a la delincuencia o la seguridad vial: entra de lleno en privacidad, control social y uso gubernamental de bases de datos.

La controversia se intensifica por el contexto político. Merchant señala que, en medio del endurecimiento de la política migratoria durante la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) depende cada vez más de datos para realizar redadas en comunidades. Flock sostiene que no comparte datos con ICE de manera directa, pero los reportes citados indican que policías locales han compartido su propio acceso a las cámaras y a las bases de datos con autoridades federales. Para muchos residentes, esa distinción no cambia el resultado: el sistema termina siendo útil para rastrear personas.

En La Mesa, California, se reportaron cámaras Flock rotas y destrozadas apenas semanas después de que el concejo municipal aprobara mantener el despliegue, pese a que una mayoría clara de asistentes a la reunión pedía apagarlas. Un informe local citado por Merchant recoge una oposición fuerte a la tecnología, principalmente por preocupaciones de privacidad. Y no es un caso aislado: se han registrado actos de vandalismo desde California y Connecticut hasta Illinois y Virginia.

En Oregon, el episodio fue todavía más explícito: seis cámaras de escaneo de matrículas instaladas en postes fueron cortadas y al menos una apareció con pintura en aerosol. Junto a los postes se dejó una nota con un mensaje burlón e insultante dirigido a quienes vigilan, según el reporte de Merchant. Más allá del tono, el gesto deja clara la motivación: no se trata solo de destruir un objeto, sino de rechazar lo que simboliza.

La escala del despliegue ayuda a entender por qué el tema se volvió nacional. De acuerdo con DeFlock, un proyecto que busca mapear lectores de matrículas, habría cerca de 80.000 cámaras en todo Estados Unidos. Al mismo tiempo, decenas de ciudades ya han rechazado el uso de las cámaras de Flock, y algunos departamentos de policía han bloqueado el acceso de autoridades federales a sus recursos.

Flock, por su parte, no respondió —según un portavoz consultado por TechCrunch— si la compañía lleva la cuenta de cuántas cámaras han sido destruidas desde su instalación. Ese silencio alimenta otra pregunta incómoda: cuando una infraestructura de vigilancia se vuelve tan extensa, ¿quién controla realmente su alcance, sus accesos y sus límites?

Lo que está pasando con Flock no es solo una discusión técnica sobre cámaras o bases de datos. Es una señal de que, para una parte del público, la vigilancia automatizada ya cruzó una línea: la de sentirse observados en su vida cotidiana, sin claridad sobre quién ve esos datos, para qué se usan y qué consecuencias pueden tener.