Un golpe judicial de 650 millones de euros

El debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid ha alcanzado un punto crítico. Miles de conductores que fueron sancionados bajo una normativa ahora declarada ilegal por el Tribunal Supremo se enfrentan a una cruda realidad: el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que no planea devolver los más de 650 millones de euros recaudados. Esta decisión ha encendido una intensa polémica sobre la legalidad, la justicia y los derechos de los ciudadanos.

¿Qué ha pasado exactamente con las ZBE de Madrid?

Todo comenzó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en diciembre de 2024 una parte clave de la ordenanza que regulaba las ZBE. El motivo no fue el fin de las restricciones, sino un defecto de forma: el informe de impacto económico era insuficiente. El tribunal consideró que no se había analizado adecuadamente el coste que supondría para ciudadanos y pequeños empresarios adaptarse a las nuevas reglas de circulación. El Ayuntamiento recurrió la decisión ante el Supremo, pero el pasado 15 de abril, el recurso fue rechazado, confirmando la nulidad de la norma original y condenando al consistorio a pagar 2.000 euros en costas judiciales.

La postura del Ayuntamiento: "No habrá devoluciones"

A pesar del fallo judicial, la vicealcaldesa Inma Sanz fue tajante: la jurisprudencia actual impide aplicar efectos retroactivos a sentencias de este tipo. En otras palabras, como las multas se impusieron cuando la norma estaba formalmente en vigor, se consideran válidas. Borja Carabante, delegado de Urbanismo y Movilidad, reforzó esta postura, argumentando que actuaron bajo un marco normativo vigente en su momento. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a todos, especialmente a los afectados.

El limbo jurídico: multas que penden de un hilo

No todo es blanco o negro. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento todavía están estudiando qué hacer con las multas impuestas en las ZBE de Plaza Elíptica y Centro entre diciembre de 2024 (fecha de la primera sentencia del TSJM) y marzo de 2026 (cuando entró en vigor la nueva ordenanza). Durante más de dos años, se continuó sancionando con una normativa que un tribunal ya había declarado nula, y el propio Carabante admite que se está valorando "si se tramitan o no" estas sanciones específicas.

La nueva ordenanza como escudo legal

Para blindarse ante futuros problemas, el Ayuntamiento aprobó el mes pasado una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. Este nuevo texto corrige los defectos señalados por el TSJM, como la falta de un informe económico detallado, y mantiene operativas todas las ZBE. En la práctica, esta nueva ley deja sin efecto la sentencia anterior para el futuro, creando un marco legal renovado y sólido. Entre sus novedades, permite que los vehículos de residentes empadronados sin etiqueta medioambiental sigan circulando, siempre que se cumplan los límites de contaminación europeos.

La batalla de los conductores y las asociaciones

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha calificado la situación de inaceptable. Según sus datos, entre septiembre de 2021 y noviembre de 2025, el Ayuntamiento impuso más de 3,3 millones de multas por un valor que supera los 650 millones de euros. Su presidente, Mario Arnaldo, acusa al consistorio de utilizar una estrategia para seguir recaudando con sanciones de "dudosa legalidad" mientras se alargaba el proceso judicial.

¿Qué pueden hacer los conductores afectados?

La decisión del Supremo no anula automáticamente las multas, pero abre la puerta a los recursos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las opciones varían:

• Procedimientos abiertos: Quienes recurrieron la multa en su día y todavía no tienen una resolución firme son los que más posibilidades tienen de que se anule la sanción y recuperar el dinero.
• Multas ya pagadas: Para aquellos que pagaron sin recurrir, el camino es mucho más complejo. Deberán iniciar un procedimiento para solicitar la "nulidad de pleno derecho", un proceso largo y costoso.

La OCU ha instado al Ayuntamiento a actuar de oficio, anulando las sanciones no firmes y devolviendo el dinero de los expedientes abiertos, para no trasladar al ciudadano la carga de una inseguridad jurídica que el propio consistorio generó.