La relación entre el gobierno de Estados Unidos y las grandes compañías de inteligencia artificial acaba de entrar en una fase delicada. Según informó Axios, Anthropic tiene plazo hasta el viernes por la noche para tomar una decisión: permitir al ejército estadounidense acceso “sin restricciones” a su modelo de IA o afrontar medidas que podrían escalar rápidamente a un conflicto legal y político de alto impacto.

De acuerdo con el reporte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió el martes por la mañana con el CEO de Anthropic, Dario Amodei, y planteó dos caminos posibles para el Pentágono. El primero: declarar a Anthropic como “riesgo para la cadena de suministro”, una etiqueta que suele reservarse para adversarios extranjeros. El segundo: invocar la Defense Production Act (DPA), una herramienta legal que otorga al presidente autoridad para obligar a empresas a priorizar o ampliar producción en nombre de la defensa nacional.

El detalle clave es que usar la DPA en una disputa sobre “guardrails” —las barreras de seguridad y uso— sería un salto importante en la aplicación moderna de esa ley. En tiempos recientes, la DPA se utilizó durante la pandemia de COVID-19 para forzar a compañías como General Motors y 3M a fabricar ventiladores y mascarillas. Aplicarla ahora para moldear un modelo de IA a necesidades militares marcaría un precedente distinto: no se trataría de producir bienes físicos escasos, sino de imponer condiciones sobre el acceso y el diseño de una tecnología de frontera.

Anthropic, por su parte, lleva tiempo sosteniendo públicamente que no quiere que su tecnología se use para vigilancia masiva de estadounidenses ni para armas completamente autónomas, y —según Reuters— no planea flexibilizar esas restricciones. En el Pentágono, la respuesta es igual de firme: funcionarios han argumentado que el uso de tecnología por parte de las fuerzas armadas debería regirse por la ley estadounidense y límites constitucionales, no por políticas de uso definidas por contratistas privados.

El choque también ocurre en un contexto de fricción ideológica. Algunas figuras de la administración, incluido el “zar de IA” David Sacks, han criticado las políticas de seguridad de Anthropic calificándolas de “woke”. Para Dean Ball, senior fellow de la Foundation for American Innovation y exasesor de política de IA en la Casa Blanca de Trump, el escenario es preocupante por lo que sugiere sobre estabilidad institucional. Ball sostuvo que una medida de este tipo podría interpretarse como un mensaje empresarial peligroso: si una compañía discrepa políticamente, el gobierno podría intentar dejarla fuera del mercado.

A esto se suma un factor práctico que explica la postura agresiva del Departamento de Defensa: la falta de alternativas inmediatas. Varios reportes señalan que Anthropic sería el único laboratorio de IA de frontera con acceso clasificado del DOD. Aunque el Pentágono habría cerrado un acuerdo para usar Grok, de xAI, en sistemas clasificados, Ball remarca que hoy existe una dependencia real de un solo proveedor. Ese “single-vendor situation”, advierte, contradice el espíritu de un Memorando de Seguridad Nacional de finales de la administración Biden que pedía evitar depender de un único sistema de IA de frontera listo para entornos clasificados.

En otras palabras: si Anthropic cancelara el contrato mañana, el DOD tendría un problema serio y no podría resolverlo de la noche a la mañana. Esa falta de redundancia, según Ball, ayuda a entender por qué el Pentágono está jugando fuerte.

Por ahora, el conflicto se parece a un juego de resistencia: el gobierno presiona por acceso total y control operativo; Anthropic se aferra a límites de uso que considera esenciales. TechCrunch informó que contactó tanto a Anthropic como al Departamento de Defensa para obtener comentarios. Lo que ocurra antes del viernes no solo definirá el futuro de una relación contractual: puede sentar un precedente sobre hasta dónde puede llegar el Estado para moldear la IA privada cuando la seguridad nacional entra en la conversación.