La expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ya no es solo una historia de chips y algoritmos: también se está convirtiendo en una cuestión de factura eléctrica. En el último año, la proliferación de grandes instalaciones de cómputo conectadas a la red nacional ha contribuido a elevar el precio promedio de la electricidad en Estados Unidos en más de un 6%. Ese dato, que golpea directamente al bolsillo de los consumidores, ha puesto el tema en el centro del debate político a pocos meses de las elecciones de otoño.

El presidente Donald Trump abordó el asunto en su discurso del Estado de la Unión anoche con un mensaje directo a las grandes tecnológicas: “Les estamos diciendo a las principales compañías tecnológicas que tienen la obligación de proveer su propia energía. Pueden construir sus propias plantas eléctricas como parte de su fábrica, para que los precios de nadie suban”. La idea es sencilla en el papel: si los centros de datos disparan la demanda, que no sea el usuario residencial quien pague el costo.

Sin embargo, los llamados “hiperescaladores” no esperaron a que Washington les marcara el camino. En las últimas semanas, varias compañías ya publicaron compromisos para evitar que el costo energético de sus centros de datos se traslade a los hogares, ya sea construyendo fuentes propias de energía, pagando tarifas más altas, o combinando ambas estrategias.

Microsoft anunció el 11 de enero una política “para asegurar que el costo de la electricidad de atender nuestros centros de datos no se transfiera a clientes residenciales”. OpenAI, el 26 de enero, prometió “pagar su propio camino en energía, para que nuestras operaciones no incrementen tus precios”. Anthropic, el 11 de febrero, hizo una promesa equivalente: “cubrir los incrementos de precio de electricidad que enfrentan los consumidores por nuestros centros de datos”. Y ayer, Google comunicó el mayor proyecto de baterías del mundo para respaldar un centro de datos en Minnesota, un movimiento que apunta a estabilizar suministro y gestionar picos de demanda.

El problema es que, por ahora, hay más titulares que letra chica. Qué significan exactamente estos compromisos “en la práctica”, cómo se calcularán los aumentos atribuibles a cada centro de datos y quién tendrá la autoridad para asignar responsabilidades sigue siendo una incógnita. La Casa Blanca aún no ha publicado el texto del compromiso propuesto.

La falta de detalles ya encendió críticas. El senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, lo resumió en redes sociales: un acuerdo “de apretón de manos” con Big Tech no alcanza. “Los estadounidenses necesitan una garantía de que los precios de la energía no se dispararán y que las comunidades tendrán voz”, sostuvo.

Según un portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rodgers, la próxima semana representantes de empresas acudirán a la Casa Blanca para firmar formalmente el compromiso. Entre las compañías que, según reportes, estarían invitadas figuran Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle y OpenAI, aunque ninguna confirmó su asistencia.

Aun así, la solución de “generar energía en sitio” tampoco es una bala de plata. Montar plantas propias puede traer impactos ambientales locales y, además, tensionar cadenas de suministro de gas natural, turbinas, paneles fotovoltaicos y baterías, dependiendo de cómo decidan alimentar su infraestructura. En otras palabras: el sector tecnológico está intentando resolver un problema de percepción pública y de costos reales al mismo tiempo, pero el desenlace dependerá de reglas claras, mediciones transparentes y de cuánto margen tengan las comunidades para opinar sobre lo que se construye —y dónde.