Un tribunal griego dictó este jueves una sentencia que puede cambiar el tono de la conversación global sobre el negocio del spyware: Tal Dilian, fundador de Intellexa —un colectivo de fabricantes de software espía— fue condenado a ocho años de prisión por escuchas ilegales y violaciones de privacidad, según varios reportes. Junto a él, también fueron sentenciadas otras tres figuras vinculadas a la compañía y su entorno empresarial, en un caso que se convirtió en sinónimo de escándalo político y tecnológico en Europa.

El juicio se enmarca en el episodio conocido como “Greek Watergate”, un escándalo que estalló en 2022 cuando el gobierno griego fue acusado de intervenir teléfonos de políticos, periodistas, empresarios y funcionarios militares. La acusación central apuntaba al uso de spyware desarrollado por Intellexa, una tecnología capaz de convertir un teléfono en una fuente de información continua: comunicaciones, actividad y datos sensibles.

Además de Dilian, las condenas incluyen a su socia Sara Aleksandra Fayssal Hamou; a Felix Bitzios, ex administrador adjunto y accionista de Intellexa; y a Yiannis Lavranos, propietario de una empresa vinculada a Intellexa. De acuerdo con la información disponible, Dilian no respondió a la solicitud de comentarios enviada por TechCrunch.

Más allá de los nombres, el dato verdaderamente llamativo es el precedente: es la primera vez que se conoce una condena de cárcel contra un fabricante de spyware por el uso indebido de su tecnología. En un sector donde las responsabilidades suelen diluirse entre intermediarios, clientes finales y estructuras corporativas opacas, el fallo apunta directamente a quienes desarrollan y comercializan estas herramientas.

La historia de Intellexa ya había escalado fuera de Grecia. En 2024, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Intellexa, a varias de sus empresas vinculadas y a Dilian y Hamou por su rol en el desarrollo del spyware Predator. Según esas sanciones, Predator fue utilizado para atacar a estadounidenses, incluyendo funcionarios gubernamentales y periodistas.

El tribunal, además, ordenó a las autoridades continuar investigando el caso y dejó la sentencia suspendida mientras avanza la apelación. Aun así, el mensaje es claro: el mercado del spyware, durante años protegido por zonas grises legales y narrativas de “uso legítimo”, empieza a enfrentar consecuencias penales cuando la vigilancia cruza límites y golpea directamente a la democracia, la prensa y la privacidad.