El presidente Donald Trump ordenó este jueves que las agencias federales de Estados Unidos dejen de utilizar productos de Anthropic, en una decisión que llega tras un choque público entre la empresa de IA y el Departamento de Defensa. La instrucción fue comunicada en una publicación en Truth Social, donde Trump indicó que el gobierno debe “cesar el uso de todos los productos de Anthropic” y remarcó que la compañía “ya no es bienvenida como contratista federal”.

La orden contempla un período de transición de seis meses para las dependencias que actualmente usan estas herramientas, con el objetivo de permitir una salida gradual. Aun así, el mensaje presidencial fue tajante sobre el futuro de la relación comercial: “No lo necesitamos, no lo queremos, y no volveremos a hacer negocios con ellos”, escribió.

Un punto llamativo del anuncio es lo que no incluye. La publicación no menciona planes para invocar la Defense Production Act ni para designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro. En cambio, Trump pidió a la empresa que coopere durante el proceso de retirada y lanzó una advertencia directa: habría “consecuencias civiles y penales importantes” si la compañía no resulta “útil” durante esos seis meses.

El conflicto, según lo expuesto, se originó por la negativa de Anthropic a permitir que sus modelos de IA se utilicen para dos fines específicos: la vigilancia masiva doméstica y el desarrollo de armas totalmente autónomas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró esas limitaciones “indebidamente restrictivas”, elevando la tensión entre la compañía y el Pentágono.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, reafirmó públicamente su postura el jueves. En su mensaje, sostuvo que la preferencia de la empresa es seguir prestando servicio al Departamento de Defensa y a los “warfighters”, pero únicamente si se aceptan “dos salvaguardas” relacionadas con esos usos. También anticipó que, si el Departamento decide prescindir de Anthropic, la empresa colaborará para una transición ordenada hacia otro proveedor, con el objetivo de evitar interrupciones en la planificación militar, operaciones u otras misiones críticas.

La decisión abre un nuevo capítulo en el debate sobre hasta dónde deben llegar las empresas privadas de IA cuando trabajan con el Estado, especialmente en ámbitos sensibles como defensa y seguridad. Con el reloj corriendo sobre el período de seis meses, el foco inmediato estará en cómo se ejecuta el reemplazo tecnológico dentro de las agencias y qué condiciones impondrán, en adelante, tanto el gobierno como los proveedores de IA para evitar que disputas similares vuelvan a escalar a este nivel.