El sábado por la noche, Sam Altman se metió en un terreno minado y lo hizo en público. Cerca de las 7 p.m., el CEO de OpenAI abrió una ronda de preguntas en X para explicar por qué su empresa aceptó un contrato con el Pentágono que Anthropic acababa de abandonar. La reacción fue inmediata y, sobre todo, incómoda: buena parte de las preguntas apuntaron a lo que muchos temen que venga con ese tipo de acuerdos, desde vigilancia masiva hasta decisiones automatizadas de uso letal, justo las líneas rojas que Anthropic habría intentado dejar por escrito en la negociación.

Altman respondió con un argumento clásico del mundo de defensa: no le corresponde a una empresa fijar la política nacional. En una de sus respuestas, dijo creer “muy profundamente” en el proceso democrático y en que los líderes electos deben ejercer ese poder dentro del marco constitucional. Una hora después, admitió sorpresa por el nivel de desacuerdo. Para él, la discusión se estaba desplazando hacia una pregunta más grande: quién debería concentrar más poder, un gobierno elegido o compañías privadas no electas. Y descubrió, en vivo, que no existe consenso.

El episodio deja una postal clara del momento que atraviesa OpenAI y, por extensión, gran parte de la industria. La compañía ya venía relacionándose con el gobierno de EE. UU., pero no con este nivel de exposición. En 2023, cuando Altman comparecía ante comités del Congreso, su discurso todavía encajaba con el manual de una startup de consumo: promesas grandilocuentes, reconocimiento de riesgos y una relación casi performativa con los legisladores. Menos de tres años después, ese tono parece insuficiente. La IA se volvió demasiado poderosa y demasiado cara como para evitar un vínculo más serio y estructural con el Estado.

El contexto, además, es explosivo. Tras el choque por las condiciones del contrato, el Pentágono habría “vetado” a Anthropic y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, planteó designar al laboratorio como riesgo para la cadena de suministro. Según el exfuncionario Dean Ball, una medida así podría cortar a Anthropic de hardware y socios de hosting, con un efecto potencialmente devastador, aunque luego se discuta en tribunales. El mensaje para el resto del sector sería escalofriante: las reglas pueden cambiar a mitad de camino si el clima político lo decide.

Para OpenAI, ganar el contrato puede haber sido rentable y, como lo presentó Altman, una forma rápida de desescalar el conflicto. Pero el costo reputacional ya se siente: críticas de usuarios, presión interna de empleados para mantener “líneas rojas” y, al mismo tiempo, vigilancia desde medios y actores políticos que exigirán lealtades explícitas. En la práctica, OpenAI está entrando en el mismo tablero que empresas como Palantir o Anduril: cuando tu tecnología se vuelve infraestructura de seguridad nacional, la neutralidad deja de ser una opción.

La gran ironía es que esto ocurre cuando hay más inversores tecnológicos con influencia en Washington que nunca, pero el ambiente se percibe cada vez más tribal. Hoy, alinearte con un bando puede darte ventajas a corto plazo; mañana, cuando cambie el viento, te deja igual de expuesto. Durante décadas, el sector defensa estuvo dominado por gigantes regulados como Raytheon o Lockheed Martin, en parte porque esa estructura ofrecía cobertura política y estabilidad. Las startups pueden moverse más rápido, sí, pero este episodio sugiere que aún no están preparadas para el largo plazo de jugar dentro del Pentágono.