El Despertar de la Transparencia Algorítmica en el Ámbito Laboral
En un mundo cada vez más mediado por la inteligencia artificial y los algoritmos, desde las recomendaciones de consumo hasta la próxima canción en nuestra lista de reproducción, su influencia se extiende sigilosamente a las esferas más fundamentales de nuestra vida. Un área particularmente delicada es el entorno laboral, donde los algoritmos han comenzado a tomar decisiones críticas que impactan directamente en las condiciones de trabajo: asignación de tareas, horarios, e incluso la determinación salarial. Lo preocupante es que, hasta hace poco, estas decisiones se tomaban en una “caja negra”, sin que los empleados conocieran los criterios subyacentes. Sin embargo, una nueva normativa ha llegado para cambiar este panorama.
La necesidad de una mayor claridad sobre las decisiones algorítmicas en el empleo no es una idea reciente. Europa ha estado trabajando en esta dirección desde hace años. La Directiva Europea 2019/1152, que busca regular la transparencia laboral, ha tardado en transponerse a la legislación española. Pero este retraso ha culminado en una medida decisiva que busca hacer los empleos más previsibles y justos para todos.
El Real Decreto 723/2026: Un Mandato de Explicación y Claridad
La materialización de este mandato europeo llega con el Real Decreto 723/2026, que entró en vigor recientemente en España. Este decreto no solo exige a las empresas informar sobre la existencia de sistemas algorítmicos que afecten a la gestión del puesto de trabajo, sino que va un paso más allá: las compañías están ahora obligadas a explicar cómo funcionan estos algoritmos. El objetivo principal es que el trabajador entienda cómo las distintas variables pueden influir en sus condiciones laborales y prevenir cualquier tipo de discriminación o sorpresa desagradable.
Un derecho individual a la explicación
El artículo 3 de este Real Decreto es contundente: las empresas deben informar a los empleados sobre “la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados de toma de decisiones”. Esto significa que si un algoritmo decide tu carga de trabajo, tus tareas o tu salario, la empresa debe, además de notificarlo, detallar las “pautas, criterios y reglas de funcionamiento” que rigen esas decisiones. Esto se aplica a cualquier aspecto que afecte las condiciones laborales, incluyendo ascensos, asignación de puestos o incluso factores que puedan llevar a un despido. La información debe ser proporcionada por escrito, ya sea en el contrato de trabajo o en un documento anexo, como el documento informativo que ofrece el SEPE.
Esta medida representa una evolución significativa respecto a normativas anteriores. Aunque la Ley Rider ya otorgaba a los comités de empresa el derecho a conocer los parámetros de los algoritmos laborales, y el RGPD o el Estatuto de los Trabajadores reconocían el derecho a entender las reglas algorítmicas, la novedad del Real Decreto 723/2026 es que concede este derecho de forma individual a cada trabajador, superando el carácter colectivo o la necesidad de un riesgo elevado que especificaban regulaciones previas. Esto garantiza que la transparencia no sea solo una responsabilidad corporativa, sino un derecho fundamental del empleado.
Los límites de la transparencia algorítmica
Es importante señalar que la nueva normativa no exige a las empresas la revelación completa del código fuente de sus algoritmos. La clave reside en las “pautas y criterios”. Como ocurre con la transparencia salarial, donde se publican rangos pero no salarios individuales, la obligación es ofrecer una explicación suficiente para que el empleado comprenda la lógica del algoritmo y pueda, si lo considera necesario, rebatir sus decisiones. Expertos como Jonatan Amenedo, CEO de Welpay, han confirmado que “Nadie está obligado a entregar su modelo”. Esto busca equilibrar la necesidad de transparencia con la protección de la competitividad empresarial, un argumento esgrimido por compañías como Glovo durante la aprobación de la Ley Rider.
Impacto y Desafíos en la Era de la Gestión Algorítmica
La entrada en vigor de este Real Decreto marca un punto de inflexión en la gestión laboral y la ética algorítmica. Sus implicaciones son profundas, tanto para los trabajadores como para las empresas.
La protección contra la “caja negra” y la discriminación
Uno de los motivos principales detrás de esta regulación es el temor a la “caja negra” algorítmica, donde las decisiones se toman sin un escrutinio humano o una explicación clara. La historia está llena de ejemplos que justifican esta preocupación. En 2015, Reuters reveló cómo el sistema de selección de personal de Amazon discriminaba a las mujeres, penalizando currículums con palabras asociadas al género femenino. Otro caso notable fue la sanción de 5 millones de euros en Italia a Foodinho, filial de Glovo, por un tratamiento ilícito de datos de repartidores, donde las decisiones automatizadas no podían ser discutidas por no haber sido tomadas por una persona. Estos casos subrayan la importancia de comprender cómo operan los algoritmos para evitar sesgos y asegurar un trato justo.
La nueva normativa busca precisamente mitigar estos riesgos, dotando a los empleados de herramientas para entender y, si es necesario, cuestionar las decisiones algorítmicas. Es un paso crucial hacia la humanización de los sistemas automatizados, forzando a las empresas a implementar criterios claros y éticos en el desarrollo y aplicación de estas tecnologías.
Un nuevo paradigma en la relación laboral y la regulación de la IA
Para los trabajadores, esto significa un empoderamiento considerable. Ya no serán meros receptores pasivos de las decisiones algorítmicas, sino que tendrán un papel activo en la comprensión y posible impugnación de las mismas. Para las empresas, implica la necesidad de revisar y documentar exhaustivamente los criterios de sus algoritmos, fomentando una mayor responsabilidad y un diseño ético desde el inicio. Esta tendencia no es aislada; se enmarca dentro de un movimiento más amplio de regulación de la inteligencia artificial, como el Reglamento de IA de la Unión Europea, que también busca establecer marcos de transparencia y rendición de cuentas para sistemas de alto riesgo.
Esta regulación de los algoritmos laborales representa un avance fundamental hacia un futuro donde la tecnología y el trabajo coexistan de manera más justa y transparente. No se trata de frenar la innovación, sino de asegurar que su aplicación respete los derechos fundamentales de las personas, construyendo un entorno laboral más equitativo y comprensible en la era digital.