En España, la relación entre humanos y mascotas ha evolucionado significativamente, con más animales domésticos que niños en muchos hogares. Esta tendencia, aunque positiva en muchos aspectos, ha traído consigo un desafío persistente para las ciudades: los excrementos de perro abandonados en calles, parques y aceras. Sin embargo, un número creciente de ayuntamientos ha encontrado una solución innovadora y, para algunos, controvertida: el censo genético de mascotas.

Según un reciente rastreo realizado por Pablo Muñoz Gabilondo, creador de 'Pipper on Tour', ya son 87 los municipios españoles que han adoptado esta estrategia. Lo que comenzó en 2018 con Málaga como pionera en la creación de un banco de ADN perruno para identificar a los animales y multar a sus dueños, se ha extendido rápidamente. Ciudades como Tarragona, que lanzó en febrero una campaña informativa, demuestran que esta iniciativa sigue ganando terreno en la geografía española. De los 87 municipios identificados, 68 ya tienen sistemas de control genético implementados, y los 19 restantes están en fase de desarrollo, lo que subraya la firme apuesta por esta medida.

El sistema funciona en dos fases clave. Primero, la creación de una base de datos. Los dueños de mascotas llevan a sus perros al veterinario para que se les tomen muestras de saliva, que luego se registran en un censo. Este registro incluye los datos del animal, del contacto y del responsable humano. La participación suele ser obligatoria, similar al chipado, y la negativa a proporcionar una muestra puede acarrear multas. De hecho, algunos consistorios subvencionan parte o la totalidad del análisis para facilitar la adhesión.

La segunda fase implica un control riguroso. Agentes municipales recogen muestras de excrementos abandonados en espacios públicos, registrando su ubicación y fecha, y las envían a laboratorios especializados. Allí, se analiza el ADN de las heces para buscar coincidencias con los perfiles del censo. Aunque entre el 5% y el 20% de las muestras pueden ser descartadas por contaminación, el resto permite identificar al perro y, crucialmente, a su dueño. Una vez 'cazados', los infractores se enfrentan a multas que oscilan entre los 60 y los 600 euros, dependiendo de la localidad. Si no hay coincidencia, el laboratorio aún puede elaborar un 'retrato robot' del animal, ayudando a las autoridades a identificarlo.

Geográficamente, el interés por estos censos es desigual. Las 87 localidades se concentran principalmente en 15 provincias, con Barcelona (19) y Valencia (43) a la cabeza, seguidas por Madrid (5) y Málaga (3). Curiosamente, hay regiones donde la medida aún no ha calado, aunque el debate empieza a sonar, como en Donostia.

A pesar de su expansión, el sistema no está exento de retos y críticas. Su éxito depende en gran medida de la representatividad del censo y de la frecuencia de las campañas de recogida. Cambios en los gobiernos locales también pueden frustrar su implementación. Expertos como Gonzalo Moreno, presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria, han cuestionado su rentabilidad y efectividad, señalando que la degradación de las muestras o la presencia de perros no registrados (callejeros o de paso) pueden comprometer los resultados. La batalla por la limpieza urbana es compleja, y el ADN canino es una herramienta poderosa, pero no una panacea.